Hace unos años hubiera sido un síntoma de esquizofrenia proponer la eliminación de las juntas de Conciliación y arbitraje, y que en vez de laudos se pudieran dictar sentencias judiciales. Una propuesta así, se hubiera señalado de antirevolucionaria y desprotectora a la clase trabajadora; cuando en lo que en realidad se temía, era perder el poder partidista y el nido de corrupción. Ahora ese cambio se hizo una realidad, en parte, gracias a las presiones del concierto laboral internacional. Sí se pudieron eliminar las Juntas de conciliación, no existe razón por la cual, el poder judicial también pueda asumir los trámites notariales que son de orden e interés público y que se quedan pendientes o inconclusos por el lucro desproporcionado e innecesario que realizan los notarios. Por lo que en vez de Notarias Públicas, la ley de lo Notarial, podría contemplar Juzgados Notariales, en donde con un procedimiento de JURISVOL (jurisdicción Voluntaria) se pudieran realizar los actos jurídicos que exigen la formalidad de la fe pública, en donde tendría que intervenir el juez acompañado de su fedatario, el secretario de acuerdos, y mediante una diligencia, elevar tal actuación a Escritura Pública o a acto protocolario, sin que se tengan que a ayudar a llenar, a los oportunistas notarios, sus bolsillos de billetes, y por el contario, el Estado proteja los bienes del ciudadano como marca el órgano constitucional y tenga seguridad jurídica. Si la reforma laboral es la primera verdadera acción de una transformación de gobierno, el promover Juzgados Notariales y elevar la ley del notariado a federal, implicaría otro paso jurídico transformativo de nuestro derecho mexicano y otro golpe a la mafia oportunista del derecho, además de que una reforma de esta talla, sería ejemplar a nivel internacional e inédita; tal y como lo señalamos en nuestro programa de radio juridicopolítico.
POR: José Angel Martínez Jiménez.
