El exprocurador Jesús Murillo karam y el exsecretario de la defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda así como el propio Enrique Peña, tendrían que ser los funcionarios públicos, primeros y más investigados en el caso d ela desaparición de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Como la había prometido, el presidente del país tiene como uno de sus primeros actos de gobierno,la reunión con los padres y
madres de las 43 víctimas y sus representantes legales, López Obrador firmó el
ordenamiento para que “todas las dependencias y organismos de la Administración
Pública Federal implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y
aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el
objetivo de fortalecer el derecho de que los familiares de las víctimas del
caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad”.Acompañado
por los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina
-Olga Sánchez Cordero, Luis Crescencio Sandoval González y José Rafael Ojeda
Durán–, así como por los subsecretarios de Derechos Humanos de la Segob, y de
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería -Alejandro Encinas
y Martha Delgado Peralta-, López Obrador se comprometió a que “todo el gobierno
va a ayudar en el propósito” de encontrar la verdad y que “no habrá impunidad
ni en este caso tan triste y doloroso ni en otro. Como nos lo había dicho anteriormente en una entrevista exclusiva, Alejandro Encinas apoyó el pensamiento presidencial actual, de que la verdad no debilita a las instituciones sino las fortalece.
