El esfuerzo editorial del periódico UNOMASUNO sigue en problemas, primero porque se acusó a la casa editorial de obtener recursos económicos por parte del narcotráfico y aunado lo anterior a la baja calidad de los conductores y programas de televisión que han venido a desprestigiar al espacio informativo, ahora se suma que el dueño del periódico Unomásuno, Naim Libién, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Procuraduría cumplimentó la orden de aprehensión por evasión fiscalcuando este se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Empresas viculadas a Naim Libién fueron señaladas en 2015 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de mantener con el narcotráfico, específicamente con el grupo delictivo Los Cuinis, de Abigael González Valencia, sin embargo, el empresario negó las acusaciones.
AYOTZINAPA DOS AÑOS DE UNA PIEDRA EN EL ZAPATO PARA EL GOBIERNO PEÑISTA
Cómo pudo suceder? Esa pregunta me sigue atormentando. No hay
causa alguna capaz de justificar semejante crimen de Estado. Ni el odio
albergado por un presidente municipal y su señora, ni una orden policial
acompañada de retazos políticos o una acción de castigo contra los estudiantes
de la escuela normal de Ayotzinapa. Todo nos hace pensar que fue una decisión
política, fríamente calculada, por quienes tenían la obligación de proteger y
garantizar el derecho de protesta y manifestación. Y lo más deleznable, encubierto
mediante la mentira, buscando distraer la atención hacia una reyerta entre
bandas narcotraficantes, donde los estudiantes fueron las víctimas de una
acción ejemplarizante. Así, los futuros maestros se trasformarían en
potenciales delincuentes, y los hechos se inscribirían en la trágica lista de
ajuste de cuentas al interior del crimen organizado y el narcotráfico.
El escenario descrito responde al más
puro estilo de la dictadura pinochetista. Asalto a los autobuses que
trasportaban a los estudiantes, despliegue militar, asesinato, desaparición
forzada de los cuerpos y un relato encubridor capaz de exonerar al poder político
municipal, estatal y federal. Es el pacto de impunidad de un narcoestado que
libera a los responsables, asumiendo el relato conocido como la verdad
histórica, urdida por el entonces procurador General de la República, Jesús
Murillo Karam.
La invención de una trama con sicarios
a sueldo de narcotraficantes que mataron, incineraron e hicieron desaparecer
los cuerpos en el basurero municipal de Cocula. A este relato se sumará la verdad
jurídica, que en estos dos años se ha urdido, con el fin de cerrar el caso. Los
culpables están entre rejas; no hay más que hablar. Caso cerrado. Para dar
credibilidad a tal falacia se procedió a detener, al mejor estilo
hollywoodense, al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y
a su señora. De esta manera, los responsables estaban entre rejas.
Posteriormente, los hechos resultaron obstinados. Para
paliar el déficit argumental, un chivo expiatorio, la destitución de Murillo
Karam, seguido de las declaraciones del presidente Peña Nieto, subrayando la
apertura de investigaciones para aclarar definitivamente los hechos.
Toda una parafernalia destinada a crear una cortina de humo, en la cual la
investigación se perdiera por vericuetos, dejando sin aclarar la acción
militar, la presencia de las fuerzas armadas, el bloqueo de las comunicaciones
y el conocimiento fehaciente de las instituciones uniformadas del ataque a los
estudiantes, sin olvidar, la manipulación de las pruebas. Y para cerrar el
círculo, una campaña mediática, tanto interna como internacional, destinada a
solventar el discurso oficial. En este contexto se financia y estrena la
producción cinematográfica La noche de Iguala,dirigida por Jorge
Fernández Menéndez y Raúl Quintanilla. La campaña de desprestigio,
criminalización de los estudiantes y manipulación es completa. El argumento
reafirma la versión oficial: un acto entre bandas rivales. Los Rojos, al cual pertenecería el entonces
director de la escuela, y Guerreros
Unidos, los justicieros. Sin
más que agregar, el problema está resuelto. Sin embargo, todos los estudios
realizados por comisiones independientes y organizaciones de derechos humanos
van en sentido contrario. Así, el informe entregado por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Internacionales ha desmontado cada una de las afirmaciones,
así como la versión oficial mantenida por las autoridades judiciales y
políticas. La respuesta, ante tanta osadía, no ha sido, curiosamente, cambiar
la dirección de las investigaciones, desechar la
verdad histórica y judicial. La actitud del poder político ha sido desautorizar, ridiculizar y poner en duda los resultados de los expertos independientes. No sólo los insulta, se deja entrever que sus miembros han sido influidos por un estado de ánimo proclive a la versión de los padres, contaminando sus análisis. Tal actitud demuestra la complicidad y el nulo interés por esclarecer los hechos.
México se ha transformado en un
Estado sin derecho. Hoy por hoy, el acceso a la verdad se encuentra clausurado.
Es necesario reivindicar la justicia. Si la ley es igual para todos, es
necesario que el Poder Judicial actúe en consecuencia; no puede seguir
encubriendo a los responsables. Los familiares de los estudiantes y sus
compañeros han sido invisibilizados y las víctimas, los 43 estudiantes,
desaparecidos. A todos ellos, se les ha ninguneado y maltratado. La vergüenza
acompaña a la sociedad política mexicana, cómplice de los hechos.
Hay que seguir demandando
responsabilidades caiga quien caiga, saber cómo se produjeron los hechos. Si el
gobierno mira hacia otro lado, los partidos políticos se inhiben, pasan página;
Ayotzinapa forma parte de la historia de la infamia. Semejante crimen de Estado
no puede quedar impune, y no hay garantías de que así sea. Como señala en su
reciente visita el relator del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, el grupo
de Naciones Unidas pretende
respaldar a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, y las de otros heridos o que perdieron la vida en sus esfuerzos. Estamos en la búsqueda de los cuatro pilares de los derechos humanos (...) que son la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
