El gobierno mexicano no sólo ha descalificado el informe del relator de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, al tachar de “parcial o imprecisa” la información en que también se pidió eliminar cinco observaciones sobre la reforma del Código de Justicia Militar, entre ellas una que lamenta el otorgamiento de “facultades de investigación, de inspección por parte de autoridades militares e interceptación de comunicaciones privadas” a la justicia castrense.En su informe de seguimiento sobre México, el relator Juan Méndez señala que, a dos años de su visita en el país, la tortura y los malos tratos siguen siendo “generalizados”, entre ellos “la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica”. A lo largo de las 21 cuartillas del informe, el experto señala las deficiencias de la justicia militar, deplora la impunidad generalizada en casos de tortura y de desapariciones forzadas, exhibe los malos tratos a los migrantes, critica las pésimas condiciones de reclusión y se preocupa que entre 2010 y 2015 ningún soldado haya sido suspendido por violaciones sexuales ni por desaparición forzada.Y, mientras los legisladores mexicanos han aprobado la militarización del país con la Ley de Seguridad Interior que dotaría a los militares de un marco legal para actuar en labores de seguridad pública, el relator de ONU reitera que “las labores de seguridad deben estar en manos de fuerzas de seguridad de naturaleza civil y no militar” pues, “como afirma la CIDH, las violaciones a los derechos humanos cuando son cometidas por integrantes de las fuerzas armadas demuestran la relación entre la impunidad y denegación de justicia en México”.
