ALGUIEN TIENE QUE DECIRLO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue dando pasos certeros en su administración; dejan en cámara lenta al poder judicial y al legislativo. La ley de amnistía dictada a quienes se les juzgó por un anterior gobierno delincuencial, y cuya observancia fue elaborada por el ejecutivo y solamente aprobada por el legislativo, se complementará con un magno decreto proderechos humanos que será dictado con efectos antes del mes de septiembre y que de resultar efectivo, bien podría ser motivo de un premio nobel de la paz, en una estrategia de humanismo y derecho penal dinámico y contrastante a la telaraña que envuelve a los actuales procedimientos legales y circunstancias penitenciales. Este conjunto de acciones del presidente que infamemente sus adversarios Meade y Anaya, en la guerra sucia para la Presidencia de la República, les vendieron a los ignorantes como una acción de liberar criminales, se traduce en regularizar de manera justa y humana, las irregularidades basadas en la detención de personas bajo un soporte autorizado pero con una aplicación ni rápida ni expedita; además de ineficiente, burocrática, corrupta y desatenta y que lleva a la cárcel al que no tiene con qué comprar la comprobación de su inocencia o la sanción graduada a su real conducta y no sobrecastigada. El Presidente López anunció el decreto en los términos siguientes: Primero.- que presos que esperan sentencia del fuero federal con más de 10 años y que no haya
cometido delitos graves van a ser liberados. Segundo.-adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles,
también del fuero federal, que no hayan cometido delitos graves, ni delitos de
sangre, van a ser liberados.Tercero.-adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas
que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves van a ser
liberados.En este caso y en todos se va a seguir un procedimiento
simplificado. En el caso de enfermos se le va a pedir a la Secretaría de Salud
que haga los diagnósticos correspondientes. El plazo de liberación no va a ser
mayor al 15 de septiembre. Cuarto.- todo interno en cárceles federales que haya sido
torturado, y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, va a ser liberado, es decir que haya existido actos de tortura o acciones y síntomas de ello, bajo mecanismos avalados a nivel internacional en favor del acusado. Aunque los alcances de este decreto y de la autoridad presidencial únicamente tiene aplicación federal y no local, se espera una reacción de vergüenza por parte de gobernadores para copiar la acción de necesidad humana o reacciones del legislativo de cada Estado,en vez de planear politiquería insultante. Ante la acción en vez del disimulo, el Presidente pone en la mesa soluciones y no simples plegarias de supuesta buena voluntad para ganar votos y subsidios. Ahora veremos que reacción tendrán los jurístas ante ésto, lo mismo que las barras de abogados y las organizaciones no gubernamentales, que solamente buscan beneficios políticos y económicos a costa de las víctimas ofendidas y de las víctimas señaladas como ofensores, y que no fueron nunca capaces de reaccionar ante la autoridad como ahora la propia autoridad basada en un presidente de izquierda y autocrítico, ahora lo hace. Más en www.somoselespectador.blogspot.com
