La Suprema Corte de Justicia disfraza su cobardía e
inoperancia con una vestidura falsa de valentía, después de un año de espera, para resolver sobre la inconstitucionalidad, que es a todas luces de la Ley de Seguridad Interior,
y en donde los magistrados que deshonran
tal órgano jurisdiccional, esperaron los momentos políticos que les convenían y
no su tarea jurídica, para ser hasta ahora y a días de que constituya un nuevo
gobierno, que se manifiesten de manera unánime, de que dicha ley en donde se
contempla la militarización del país, es contraria a la Constitución política
Mexicana. Con tal resolución se enmarca
la inepta funcionalidad de la SCJN, que es en la actualidad, un circo para un conjunto de payasos vestidos de negro al
son que los intereses políticos le
marcan, así como un monumento al
tortuguismo y al fracaso
institucional actual. Son los órganos de
justicia, los primeros que debemos recuperar del basurero gubernamental
sostenido en la corrupción y en la
incapacidad. Las actuales instituciones que están “pal Diablo”, deben ser el
primer paso de un nuevo horizonte de gobierno en donde deben de mantenerse con eficacia, sin corrupción y con plena autonomía. Durante un año de negligencia judicial, el
tema en la mesa política y mediática, era la amnistía propuesta por un candidato a
la presidencia de la República y la construcción del aeropuerto internacional
de México; y no el vacío judicial burocrátizado por flojos inoperantes y con
compromisos diferentes al servicio de la nación mexicana. Eduardo Medina Mora,
José Ramón Cossio Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña
Hernández, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, son aquellos que quieren
iluminarse históricamente, como unos juristas que evitaron la militarización
autorizada y no son más que figuras oscuras, tal y como sus propias vestimentas y que ahora nos regalan la desactivación de una ley que ya estaba a días de ser desactivada, con o sin el veredicto del Supremo Tribunal. El presidente de
la SCJN, Luis María Aguilar, concluyó
con su debilidad mental, después de un
año, que “Votar por la invalidez total de la norma impugnada —la Ley de
Seguridad Interior—, pues una ley desarticulada podría generar un mal mayor no
deseado a la participación de las Fuerzas Armadas; de tal forma que, debería
emitirse una nueva norma completa, integral, estructurada, que sea congruente y
que dé certeza jurídica”.
