Cuando las hojas constitucionales únicamente han servido
para bien limpiar los testículos y pene del presidente en turno y no cumplir
con su ordenamiento; resulta eficaz que el próximo Presidente de la nación
adecue la acción militar que se ha dado
en los últimos 12 años, con la realidad legal y presente la iniciativa de LA GUARDIA CIVIL
para que la acción militar que lucha contra la delincuencia, no sea la primera
violadora de la ley, como se ha mancado al ejército mexicano por orden de los
presidentes antecesores. Sin embargo el fondo del asunto, que es la no
militarización del país, en vez de fortalecerse se contradice y legaliza. Debemos considerar que
el uso de las fuerzas armadas para realizar acciones de persecución delictuosa
que únicamente debe competirle a autoridades civiles, es una militarización
ilegal que ahora será legal, pero que
cuya acción que detestamos impere en nuestro país, no ha sido causada por el
presidente electo López Obrador ni será él quien la fomente, únicamente será
quien la adecue a la ley, en un acto de congruencia entre el cumplimiento de la
ley sin violar la ley. La militarización ha sido una acción implantada y violatoria de la ley por los expresidentes
Calderón y Peña que en vez de encargarse de exterminar delincuentes, lo que
hicieron fue exterminar policías, al grado de eliminar a la Secretaría de Seguridad
Pública que ha sido limitada a un
rango igual a un departamento del deporte,
dando toda la fuerza al Ejército y a la Marina, que para colmo de males,
tampoco ha podido combatir a la delincuencia y por el contrario, se han
corrompido como nunca antes, han violado los derechos humanos y humanitarios
como nunca antes y han terminado siendo una agrupación de edecanes que sirven
para proteger a los migrantes, que entran a las fronteras mexicanas violando la
ley. La institución de salvación y no de guerra, que era respetada ahora se ha convertido en la amenaza social de
nuestro país para lo cual no puede haber
marcha atrás inmediata sino paulatina, por lo que López Obrador quien fue un severo -y de los contados críticos
de los abusos militares-, ahora como próximo
máximo Jefe Supremo de las fuerzas armadas, rescata la figura
constitucional de La Guardia Nacional, en donde involucra a civiles con
militares y con policías federales, y donde revive a la Secretaría de Seguridad
Pública. Las acciones anteriores, son el
primer paso para revertir la militarización del país que se ha efectuado de hecho aunque no de derecho
a lo largo de los dos últimos sexenios. Sin embargo el cambio ambiental rotundo y repentino de la desmilitarización del país dejaría a la
seguridad pública desarmada, y sin posibilidad de enfrentar a la criminalidad,
con consecuencias catastróficas para la población. Andrés Manuel López Obrador que logró una revolución electoral con
instituciones electorales podridas, ahora tendrá que planear la revolución
política con las instituciones políticas que también están podridas para
posteriormente, intentar la revolución ideológica, con grupos,
asociaciones sociales y la propia
sociedad que también está podrida, ante la disminución y carencia de valores
morales, sociales y políticos y ante una mala educación tejida desde la pervercidad
empresarial y de gobierno. La cuarta
transformación del país en estos
momentos son parte de un sueño, y dicen
que los sueños es el inicio de un plan para hacer realidades. Hace veinticinco años, la carcajada involuntaria
brotaba en aquellos que escuchaban la aspiración de López Obrador por ser
presidente de la República y que podría alcanzar niveles más grandes que sus defraudadores
Calderón y Peña. Hoy es una realidad. Sin
embargo, los milagros no se repiten dos veces, y esto no significa que la transformación del
país sea un milagro, porque de hecho el país se ha venido transformando aunque para mal, pasó de la militarización
presidencial al absoluto presidencialismo y posteriormente al imperio de gobierno empresarial. Sin
embargo regresar a la República, no se obtiene con una revolución electoral ni
política sino con una revolución ideológica
que debe ser adoptada y asumida primero y antes que nada, por el pueblo
y posteriormente implantada de manera convencida (ni siquiera forzada), a su
gobierno. La corrupción y la impunidad
son ahora las consideraciones más arraigadas en nuestro país, y parece que las
buenas intenciones de quien será el
próximo Presidente de la Nación Mexicana son evidentes, y que deberá tener
tiempo y no obstáculos dolosos para materializarlas, sin que esto signifique
señalamientos de inconformidad que
impidan dejarlo trabajar en su proyecto de gobierno de manera cómoda sin interponer los intereses políticos y
económicos particulares de quienes han abusado del país. Ante lo anterior, existimos quienes estamos
inconformes en que el comienzo de la desmilitarización del país comience sin
que en el mando de la GUARDIA CIVIL no hay un civil sino un militar, y que en
el combate a la impunidad y a la corrupción, no se comience con procesar para después encarcelar a los
principales culpables del desastre de país que tenemos, por lo que se
tendría que comenzar, por procesar para
después encarcelar a los expresidentes
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y a Enrique
Peña Nieto, tal y como se ha comenzado legalizando la militarización para irla
desfortaleciendo, en algo que pareciera paradójico.
