LA SUPREMA CORTE DE LA NACION PRINCIPAL AGRESOR DEL ESTADO Y EL PODER LEGISLATIVO

El direccionismo implantado en la población mexicana, mediante conductas derivadas de la deficiente educación y de la difusión mediática, hacen que la sociedad  sea una masa  charlista repetitiva y no una opinadora conocedora. Entre aquellos que repiten como pericos yacos, que el Presidente López Obrador ha quitado la asistencia a los niños con cáncer y las guarderías y los que defienden al INE en una marcha direccionada, también existen los que apoyan el gobierno lópezobradorista con marchas en las principales calles y monumentos. Sin embargo mientras mucho se habla de que el Presidente de la República constantemente ataca al Congreso y a los periodistas e incluso a los Arieles, nada se dice de la situación de gravedad que vive el país en su gobernabilidad, al querer el poder judicial invadir al poder legislativo, al intentar en dos ocasiones, eliminar la prisión preventiva oficiosa que se encuentra prevista en el código nacional de procedimientos penales y que su modificación es competencia del legislador y no del juzgador quien es una autoridad sujeta a la letra del texto legislado. Sin embargo la invasión de la esfera competencial no ha sido ni motivo de escándalo, ni de reproches para los corruptos ministros,  ni al propio legislativo que no  se ha pronunciado de manera estricta a la invasión  de sus funciones como parte estructural de la división de poderes y composición del Estado de Derecho. La marcha del próximo domingo convocada por el lópezobradorismo que podría ser la más numerosa de la historia de México, incluyendo aquella en contra del desafuero del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y que aquella otra, en contra de la delincuencia: demostrará que la marcha de los retrogradistas y aspiracionistas que realizaron del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución no fue más que una caricatura de protesta,  bajo la agrupación de marchistas con anencefalia, pero que la que se produzca como un apoyo a los cambios de política anticorruptiva, tampoco será capaz de demandar y actuar en consecuencia, ante  un poder judicial que es notoriamente corrupto y que está desbordadamente desesperado, en lograr un Estado fallido en favor de los corruptos y los saqueadores, hasta lograr que el ejercicio de ser juez, en realidad sea  una vergüenza para quien lo ejerce y una tragedia para quien es juzgado por ellos. Por lo pronto no ha podido la Suprema Corte de Justicia quitar la prisión para quienes tienen mayor recurso económico de alcanzar beneficios de libertad, pero encambio y como premio de consolación,  sí han logrado consentir a delincuentes de cuello blanco que son sus patrones,  al anular las reformas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que había decretado la prisión preventiva oficiosa para quienes cometan  contrabando, defraudación fiscal simple y lo más grave, facturación falsa.Más en www.somoselespectador.blogspot.com