Ni para el ejército ni para los ciudadanos ni para el país, hace bien la militarización para combatir a la delincuencia, acción de Estado, que nunca mencionó realizaría el presidente peña cuando era candidato a la presidencia por el PRI. La Cámara de Diputados aprobó en 'fast track' el
dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior con las
modificaciones hechas al senado. Así, el documento
pasa al Ejecutivo para su promulgación.
La cuestionada ley por organismos civiles y multilaterales
busca dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas.
El documento fue aprobado en la Cámara baja con 262 votos a
favor (del PRI, Verde, y algunos del PAN y Encuentro Social), 25 en contra y
cero abstenciones. Destacó la ausencia de los grupos parlamentarios de
oposición que estaban en contra del dictamen.
El diputado René Cervera García, de Morena, presentó una
moción suspensiva en la que expuso que existe “una violación a las garantías de
individualidad y del debido proceso. El Artículo 10 del decreto que se propone,
violenta los derechos humanos, el debido proceso y las garantías
institucionales de audiencia y defensa”.
El Pleno rechazó en votación económica esa moción suspensiva.
La coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle
García, advirtió que “a la hora de que las Fuerzas Armadas estén en la calle va
a haber un estado de excepción permanente por ley, una ley que, incluso, es
inconstitucional y vulnera los derechos humanos”.
La diputada Carmen Guillén Vicente, del PRI, presidenta de la
Comisión de Gobernación, aseguró que se trata de una ley “constitucional, que
cumple con todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho, y que
además no militariza al país”, es algo que necesitan los estados que más sufren
de violencia en el país.
La polémica ley, además de regular el uso de las fuerzas
armadas en las calles para combatir grupos criminales, amplía sus facultades
para actuar cuando se determine que existe una amenaza a la seguridad interior,
en medio de enérgicas críticas de organismos como la ONU.
Pese a los cuestionamientos tanto de organismos
internacionales como nacionales, los legisladores resolvieron a favor de la Ley
de Seguridad Interior, que dota a los militares de un marco legal para
intervenir con operaciones excepcionales si el presidente o gobiernos estatales
consideran que las fuerzas policiales son insuficientes.
Activistas dicen que la aplicación de la ley provocaría más
violaciones a los derechos humanos y violencia, así como abuso por parte de las
fuerzas armadas, que en el pasado han sido acusadas de ejecuciones arbitrarias,
torturas y otros delitos.
A fines del 2006, el expresidente Felipe Calderón comenzó a
enviar decenas de miles de militares a los puntos más violentos del país para
combatir los cárteles de la droga ante la debilidad de los cuerpos policíacos.
Sin embargo, muchos grupos, lejos de contenerse, se fragmentaron e
incursionaron en otros delitos.
El Ejército mexicano había dicho que requería una ley para
regular su operación, pero al mismo tiempo un mecanismo en el que se
estableciera una fecha para que puedan volver a los cuarteles pues la
institución no fue creada para combatir cárteles de la droga y otros delitos.
Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado la
aplicación de esta ley. Aseguran que una década de intervención no regulada de
las fuerzas armadas no ha disminuido la violencia y que por el contrario han
aumentado los violaciones de los derechos humanos.
El Gobierno y los legisladores oficialistas argumentan que la
ley no vulnera los derechos de las personas y que era necesaria para regular la
actuación del Ejército en las calles.
La ley contempla, entre otras medidas, la intervención de
militares y marinos para controlar, repeler y neutralizar actos de resistencia,
lo que activistas ven como una amenaza a protestas de ciudadanos -que podrían
ser sometidos con exceso de fuerza-, a meses de una elección presidencial para
las que Andrés Manuel López Obrador encabeza los sondeos.
La violencia desatada en México por el crimen organizado ha
cobrado la vida de más de 200,000 personas en la última década
Entre las modificaciones que realizó el Senado se incluye la
precisión de que los actos realizados por las autoridades con motivo de la
aplicación de la Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y,
sin excepción, los derechos humanos y sus garantías.
Además de dar 180 días a los gobernadores para
profesionalizar sus policías o por lo menos tener sus proyectos y presupuestos, situación que no se garantiza pueda darse, cuando durante años el ejército ha actuado con ilegalidad, y es hasta ahora que se legaliza sus acciones en contra de la delincuencia.
