Aun cuando falta el veredicto final de la Secretaría de
Protección Civil, las cifras preliminares del jefe de gobierno Miguel Ángel
Mancera lo dicen todo: luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en la
Ciudad de México existen más de 3 mil 800 edificaciones con afectaciones leves,
moderadas y graves. Además de los 47 inmuebles derribados por la fuerza del
movimiento telúrico de 7.1, decenas de ellos deberán ser demolidas,
especialmente en zonas de las colonias Condesa y Roma. Mediáticamente, la situación
de 3 edificios colapsados, ocuparon varias horas de transmisión televisiva y
las primeras planas de los diarios y portales de Internet. En la capital del
país se dio cuenta a nivel mundial del derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen
-ubicado en el número 11 de la calle Rancho Tamboreo en la Delegación Tlalpan-;
la caída del edificio de Bolivar 168, esquina con Chimalpopoca y el colapso de
la edificación en Álvaro Obregón 286, colonia Roma, en donde aún se mantienen
las maniobras para el rescate de los cuerpos de quienes fallecieron al
desplomarse en sólo 15 segundos el edificio de 6 pisos, que provocó la muerte
de 49 personas. Llama la atención que muchos de los edificios de más de 3 pisos
que se vinieron abajo, eran de muy reciente construcción o databan de finales
de los años 80, pese a que supuestamente fueron erigidos con base a los
reglamentos y protocolos emanados luego de la tragedia del 19 de septiembre de
1985. Sin embargo, colapsaron, no sólo por la inusual rudeza de los sismos,
sino también por la deficiencia de los materiales empleados, la carencia de
tecnología sismo-resistente, pero sobre todo, por la corrupción que campea en
las Delegaciones, precisamente en las áreas encargadas de supervisar las
edificaciones y hacer cumplir la ley. Una investigación realizada por el portal
Sin embargo.mx -que cita informes del Colegio de Arquitectos-, señala que las
trabas legales, los problemas para obtener permisos y el cumplimiento de
reglamentos, hacen de la industria de la construcción la más propensa a caer en
actos de corrupción. Indica que las edificaciones en la Ciudad de México se
clasifican de acuerdo a su uso y destino en tipo A (no más de una vivienda
unifamiliar de hasta 200 metros cuadrados, dos niveles, altura máxima de 5.5
metros); tipo B (usos no habitacionales o mixtos de 5 mil metros cuadrados y
hasta 10 mil metros cuadrados con uso habitacional), y tipo C (requieren de
dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental). “El Reglamento de
Construcción determina que la Delegación otorgará la autorización de uso y
ocupación cuando la construcción se haya apegado a lo manifestado o autorizado.
Pero si del resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la documentación
no se ajusta a la licencia, se ordenará al propietario efectuar las modificaciones
necesarias. Más allá de que la corrupción haya sido la principal pieza que
provocó el grave problema que México afronta luego de los pasados sismos, lo
cierto es que al parecer también nos hemos aislado de los avances que en
materia de edificaciones sismo-resistentes (el adjetivo antisísmicas estaría
mal empleado) han alcanzado otros países como Estados Unidos, Japón, Nueva
Zelanda y Chile. Hoy -ante las evidentes consecuencias catastróficas del sismo
del pasado 19 de septiembre-, el desafío es impedir a toda costa el colapso de
las edificaciones y los daños entre la población, que ha ocasionado la muerte
de 369 en 6 entidades, como lo informó Luis Felipe Puente, coordinador Nacional
de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob). De este total, 228
personas corresponden a la Ciudad de México; 74 a Morelos; 45 a Puebla; 15 al
Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca. Por ello, desde este momento
resulta imprescindible establecer mecanismos idóneos para construir casas o
edificios bajo normas similares a la NCh 433 chilena, y recurrir a la tecnología
de avanzada de esa nación sudamericana, ejemplo mundial en edificaciones
sismo-resistentes. Como siempre, no faltarán quienes se opongan a tal medida,
argumentando que estos sistemas incrementarán el costo de las nuevas
edificaciones. Sin embargo, habrá que señalar con toda energía que, a la
postre, el supuesto encarecimiento en el proceso de construcción de los
inmuebles, resulta infinitamente menor a los daños a la economía nacional -que
en México ya superan los 38 mil millones de pesos-, y el número de víctimas se
reduciría de manera drástica o sería prácticamente inexistente. Es una cuestión
de lógica numérica de gran peso y alto impacto social, que debiera ser impuesta
de inmediato, más allá de la infame disputa mediática por el poder y el reparto
del dinero de la reconstrucción.
