Por instrucciones del titular del Ejecutivo, la
Procuraduría General de la República (PGR) presentó ayer sendas acciones de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
contra los gobernadores y congresos de Veracruz y Quintana Roo, por la
aprobación de leyes locales anticorrupción, por considerar que las normas
impugnadas generan inseguridad jurídica y podrían poner en riesgo la operación
del Sistema Nacional Anticorrupción, establecido en la reforma constitucional
de mayo pasado.
En conferencia de prensa
realizada en Los Pinos, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales
de la PGR, Salvador Sandoval Silva, anunció lo anterior y adelantó que la
dependencia analiza interponer una demanda similar en contra del gobernador y Congreso
de Chihuahua, que aprobó una legislación similar.
Los gobernadores de las tres
entidades involucradas han sido criticados por los partidos de oposición por
impulsar dichas normas con el fin de blindarse ante posibles demandas de
corrupción cuando terminen sus mandatos.
Durante la conferencia, el
vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández, aseveró, sin precisar
destinatario, que uno de los propósitos del nuevo sistema anticorrupción es que
no haya legislaciones a modo y precisó que la instrucción presidencial es que
‘‘ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de
gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley’’.
En la lucha contra la
corrupción no puede haber excepciones. ‘‘Esto es lo que los ciudadanos demandan
y lo que el Estado está obligado a cumplir y hacer cumplir’’, sostuvo Sánchez.
De acuerdo con fuentes
judiciales, se espera que en las próximas horas el ministro presidente de la
Corte, Luis María Aguilar Morales, admita a trámite ambas acciones y las turne
a otro integrante del pleno para que resuelva si las admite. Asimismo,
confirmaron que debido a que la ley no prevé el otorgamiento de suspensión del
acto reclamado, las normas impugnadas seguirán vigentes hasta que la Suprema
Corte determine sobre su constitucionalidad.
Explicaron que los
nombramientos que realicen los gobernadores de Veracruz y de Quintana Roo de
funcionarios, fiscales, peritos o policías anticorrupción, así como todas las
investigaciones y resoluciones emitidas antes de que la Corte resuelva,
quedarán sin efecto en caso de que el máximo tribunal determine la
inconstitucionalidad de las normas.
Sandoval Silva señaló que ‘‘lo
que en esencia se ha solicitado’’ a la SCJN es que ‘‘advierta que las entidades
federativas mencionadas carecen de facultades para crear sus sistemas locales
anticorrupción’’, sin que se hayan publicado las leyes generales
correspondientes, además de que no pueden hacer nombramientos de funcionarios
en dichas materias.
Interrogado sobre si las
demandas tienen trasfondo político en contra de los gobernadores de Veracruz y
de Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo,
respectivamente, Sandoval señaló que no podía comentar nada sobre denuncias en
curso y aseguró que en todas las demandas que se presenten en contra de
cualquier gobernador, la PGR agotará todas las líneas de investigación.
En tanto, el vocero
presidencial, Eduardo Sánchez, afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto
está comprometido con la legalidad, y el hacer cumplir las leyes ‘‘es un
ejemplo de que el gobierno actuará y seguirá actuando como hasta ahora’’. Todo se dibuja que sí existió corrupción en su gobierno, los gobernadores de Quntana Roo y Veracruz tendrán que responder por ello, o por lo menos acudir a un juicio fantasma como en su momento lo hizo Arturo Montiel.
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