Aunque muchos han tomado a roma la persecución obradorista y las trampas de la mafia del poder al igual que los ataques orquestados por Salinas de Gortari y Vicente Fox en contra del tabasqueño; el día de ayer se emitieron declaraciones contundentes por parte del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, por Marcelo Ebrard exjefe de gobierno de la Ciudad de México y por parte de Diego Fernández de Cevallos en donde confiesan la intervención de la fuerza del Estado en contra de el candidato de izquierda, y no solamente en el injusto desafuero producido en contra de Andrés Manuel, sino en la presión física y psicológica a la que sometieron a Gustavo Poce exsecretario de finanzas del gobierno capitalino de López Obrador, para que declarará en contra de Andrés Manuel sobre acciones inexistentes que pudieran inculparlo y así sacarlo de la contienda electoral en contra de Felipe Calderón por la presidencia de la República. Ponce fue capturado después de haber sido grabado apostando en un Casino de Las Vegas, al imputarle desvío de recursos públicos. Según Mario Villanueva, compañero de celda de Ponce, el prisionero fue torturado para declarar en contra de López Obrador a lo cual se negó, y tal situación se la comunicó Villanueva a López Obrador, tal y como ambos lo han confesado públicamente. Marcelo Ebrard aseguró que su gobierno capitalino advirtió al gobierno federal que de realizar acciones de Estado en contra del candidato López Obrador se desataría una crisis de gobierno muy severa. Mientras que Fernández de Cevallos dijo que “iba a haber un acto de la
Procuraduría General de la República grave, el último día de la campaña, a las
12 de la noche. Iban a tomar una declaración a un procesado por el asunto de
los dineros de Bejarano y los dineros de Las Vegas, para que al día siguiente
apareciera diciendo que estaba involucrada gente de López Obrador… Yo me crucé
porque me parecía una felonía usar para eso a la Procuraduría". Ante las declaraciones emitidas por los diferentes personales, la actual procuraduria y el gobierno peñista se han mantenido al margen, sin que se haya ordenado una investigación al respecto, por utilizar a las instituciones del Estado de manera indebida por parte del Presidente Fox y poder analizar si existen delitos no prescritos que perseguir o en su caso investigar la verdad histórica de tales persecuciones políticas.
