La desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública para convertirla en una oficinita de Gobernación y la continuación de la estrategia de Calderón de sacar al ejército a las calles para que realicen funciones de policías con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico para la violación sistemática de los derechos humanos y lograr el autoritarismo en contra, de los ciudadanos y delincuentes con acciones exterminadoras que no distinguen a los unos de los otros y que están prohibidas incluso en tiempo de Guerra, como lo es bombardear zonas habitadas ; son los puntos apoyados por el actual Presidente de la República con el fin de militarizar a los poderes de la unión . Al Poder ejecutivo, con el fin de que sea un jefe supremo de la policía y el espionaje, al legislativo como una máquina de leyes que elimine el crecimiento de la policía y la intervención civil y al Poder Judicial para ser controlado en sus veredictos y procesos en donde en los nuevos Juicios acusatorios, la intervención de la policía resulta clave para su desarrollo investigatorio y determinación judicial. De tal manera, que así es como se intenta que nuestro país se tenga que alinear a la fila internacional marcada por el imperio extranjero que busca la militarización en toda América Latina y el control de la población con una conducta que crece en violencia debido a la mayor presión social y económica y a las menores oportunidades educativas y de realización personal y profesional, como consecuencia de la política neoliberal y el sometimiento laboral y jurídico, que a la vez, también la convierten en autoexterminadora de sus valores y raíces. Con este sometimiento militar, se trata de asegurar y proteger a los grandes empresarios extranjeros que son dueños y señores de la industria energética, petrolera y minera que antes pertenecían a nuestra nación y quienes están logrando una nueva conquista financiera y armada y el condicionamiento masivo por medio de los poderes fácticos. Es claro que estamos ante una transformación de las Fuerzas Armadas como Institución heroica y que con todo y sus pecados cometidos a lo largo de la historia, también han resultado un digno ejército de salvamento y custodia de los recursos del país, pero también es cierto, que en los últimos dos sexenios se les ha ordenado como prioridad, convertirse en una agrupación armada con acciones contrarias al Derecho Constitucional mexicano y como generadores de acciones de extrema violencia que nada más podría ser justificada, única y exclusivamente, para repelar un ataque delincuencial de alto grado pero no como estrategia contra el crimen y menos como dosis depresora para los propios ciudadanos ante las medidas dolosas de un mal gobierno. Es importante considerar que la obediencia perversa no debe ocultarse en los Tribunales Militares ni escudarse tampoco, en el excluyente de responsabilidad que marcan nuestras leyes penales por obediencia de un Superior Jerárquico sino por aquella que manda el cumplimiento de un deber. Resulta claro que El Ejército Mexicano al igual que otras instituciones que son vitales para nuestro país, debe ser rescatado de la alteración de su funcionamiento provocado por mandantes que cotidianamente olvidan, que también son, ante todo, unos mandatarios.
