La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) denunciaron hoy, en el marco del Día del Niño, el 53.9 por ciento de los menores en México vive en pobreza. Situación que se acentúa con los niños indígenas, pues 8 de cada 10 son pobres.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del año 2014, el 54.9 por ciento de los 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México viven en pobreza. De ellos, 4.7 millones se encuentran en pobreza extrema, la mayoría son niños y niñas indígenas. De acuerdo con los datos, estos niños tienen dificultad para comer al menos una vez al día.
El 78.6 por ciento de niñas, niños y adolescentes en hogares indígenas y el 90.8 por ciento de quienes hablan una lengua indígena se encuentra en situación de pobreza.
El diagnóstico de Coneval y UNICEF muestra también que para el 2014, 21.4 millones de personas en el rango de 0 a 17 años de edad carecían de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales, a la alimentación, educación, protección de su salud, a una vivienda de calidad y con servicios básicos, entre otros.
En este sentido, la CNDH dijo que “es necesario reconocer que prevalece la desigualdad, inequidad, pobreza, discriminación, violencia, explotación y trabajo forzado en la realidad de personas menores de edad, cuya voz es anulada por voluntades todavía reticentes al reconocimiento de sus derechos contenidos en instrumentos internacionales, la Ley General y leyes locales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
El organismo alertó que en México siguen pendiente las “adecuaciones en disposiciones locales y políticas públicas integrales que atiendan a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos que padecen una discriminación múltiple”.
Por ello, la CNDH hizo hoy un llamado “a fin de multiplicar esfuerzos para abatir los obstáculos que inciden de manera negativa en el ejercicio de los derechos humanos de niñez y adolescencia, y para que los organismos públicos de derechos humanos, en el ámbito de su competencia, propicien que se garantice el cumplimiento de la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer las áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de sus derechos, como los mandata la Ley General”.
