PRISION EVASIVA

 

ALGUIEN TIENE QUE DECIRLO.- Las leyes que habían sido elaboradas para la protección de delincuentes en el gobierno y en la mafia empresarial, esta vez han sido frenadas ante la no obtención,  ni siquiera de la mayoría simple, -mucho menos la cuantificada-, por parte del bloque retropartidista del órgano legislativo , por ello para evitar la encarcelación de más malhechores de los anteriores gobiernos, es que personajes corruptos del poder judicial como Luis María Aguilar “El Bodoquito”, han intentado invadir la esfera legislativa y proponer la eliminación de la Prisión Oficiosa en vez de sugerir  una iniciativa de ley ante el poder ejecutivo o legislativo. Inspirados en el encarcelamiento preventivo que tuvo la detestable  Rosario Robles y no del que tiene de manera injusta, Mónica García Villegas, ex directora del Colegio Rébsamen, es que pillos de supuesta respetabilidad con más de treinta años en el poder judicial, pidieron la eliminación de la Prisión Oficiosa, que en términos generales y de no tener una doble intención oculta diferente al perfeccionamiento de las leyes penales, en el fondo podría ser  funcional tal propuesta, pero para ello, se tendría además de eliminar la corrupción persistente en autoridades procuradoras e impartidoras de justicia, también tendría que modificarse todo el código nacional procesal penal, que emana de un proceso penal acusatorio, de tipo  anglosajón como consecuencia de una acción intercomercial, en vez de tratarse  de un proceso probatorio y apegado a nuestra idiosincrasia y en donde la presunción de inocencia no se encuentre disfrazada en la reparación del daño como prioridad. Sí la intención de únicamente conservar la Prisión Justificada, en verdad fuera una situación genuina, en aras de la presunción de inocencia, entonces también deberían proponerse requisitos de procedibilidad para el acto de molestia al inculpado o el desglose inmediato de investigación por oficio del mal desempeño de juzgadores, autoridades ministeriales y litigantes, los cuales no se contemplan en el proceso mexicano. Así como modificaciones constitucionales, en donde al igual que existen Fiscalías especiales, existan juzgados especiales para someter a nefastos juzgadores y ministerios públicos, ante un personal diferente  y con capacitación diferente y con competencia penal y funcionalidad diferente, que se encarguen de juzgar   las responsabilidades por el mal ejercicio   de impartidores de justicia, que en la actualidad, se esconden  en el pretexto del leal saber y entender, por lo que a lo mucho que llegan es al  dizque sometimiento disciplinario del Consejo de la Judicatura en el caso de los juzgadores. Los que ahora se conmueven con la prisión oficiosa para ladrones de cuello blanco, criminales empresariales, saqueadores del patrimonio del estado, abusadores de su autoridad  y defraudadores electorales, nada comentan de la tan sistemática violación  del plazo razonable  para ser juzgado, que ya es tan habitual su violación, que  no existe antecedente de sanción penal para el juzgador que se haya excedido del término de  seis  meses o dos años según sea el caso, para emitir sentencia; ni existe una  acción consolidada que tenga la fuerza de libertad inmediata ante el retardo de la  resolución . En un país dominado por mucho tiempo por el presidencialismo dictatorial y el ejercicio empresarial  faccioso,  es que presenta como sus primeras decadencias, a la ignorancia y la injusticia, y no solamente la pobreza o la desigualdad social. Así como el pueblo de México conoce el nombre y apellido de sus recientes presidentes saqueadores, también debería ser preciso que conociera  a los Presidentes del poder judicial que estuvieron en dicho cargo en cada sexenio, ya que pasan desapercibidos para la memoria colectiva, cuando son igual o más culpables que aquellos que ocuparon la silla presidencial espúrea, a lo  vendepatrias, criminal y saqueadora Más en www.somoselespectador.blogspot.com