A pesar de que el gobierno del Presidente López Obrador ha encontrado su soporte de política reconstructiva en el ejército mexicano, al jefe supremo de las fuerzas armadas no le ha temblado la mano para romper la tradición militar de que son los mandos del sexenio presidencial que finaliza, quienes reparten los nuevos puestos para el sexenio que comienza. Aunque también ha reconocido la labor histórica del ejército mexicano, el mandatario constitucional no ha guardado silencio sobre los pecados de los uniformados, aunque también ha dejado en claro, que el mal proceder del ejército, se documenta que ha sido por causa de ordenes presidenciales, como en el caso de sus renglones más negros, en la presidencia de Díaz Ordaz, Luis Echeverria, Felipe Calderón y Peña Nieto, aunque nada ha mencionado de los excluyentes de responsabilidad que emanan de aquellas desobediencias que tienen consigo, la traición a la patria. Las acusaciones en Estados Unidos que se le realizaron al general Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos al grado de detener al ex secretario de la defensa nacional en el sexenio del narcogobierno de Calderón, pusieron en tela de juicio el proceder de López Obrador al ordenar su inmediata libertad de quien a todas luces fue protagonista de acciones delictuosas en la portación de su uniforme. Además de su liberación, el presidente López mostró su molestia por la forma en que se detuvo a Cienfuegos, en una reacción oportuna por parte del mandatario mexicano, quien tuvo la audacia de detectar la trampa tendida por grupos derechistas nacionales y del extranjero, en una detención que sufría de requisitos de validez, que traerían como consecuencia la libertad del militar en los tribunales, y un distanciamiento innecesario entre el titular del ejecutivo federal con la agrupación armada. Ahora se abre la posibilidad de que Cienfuegos esté nuevamente investigado pero por autoridades mexicanas y bajo las formalidades que exige la ley. Dos de las promesas que le falta cumplir al Presidente de lo prometido en su campaña que lo llevo a ser el candidato más votado de la historia de México, fue encontrara los culpables de la desaparición o asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, en donde en un hecho histórico, su fiscalía que la ha dotado de autonomía, no ha tenido freno de manos para procesar y tener bajo prisión preventiva justificada a Jesús Murillo Karam, exprocurador en el sexenio de Peña Nieto y quien realizó una investigación llena de inconsistencias en el caso Ayotzinapa, en que excluía al Ejército mexicano de cualquier responsabilidad. Otro hecho histórico, que resultaba imposible en el presidencialismo dictatorial ejercido por mandatarios priístas, panistas y pripanistas, es la detención e investigaciónde militares que se les relaciona con actos ilícitos en la desaparición de los normalistas, y los cuales responden a los nombres de José Rodríguez Pérez quien ostenta el máximo cargo de General, José Martínez Crespo que es capitán, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabian Alejandro Pirita Ochoa, y ningún cabo o soldado al cual se le pudiera utilizar para cubrir y pagar los delitos de sus superiores. La calidad moral del Presidente de la República no ha traído desordenes internos en el ejército ni intentos del deseado golpe de estado que anhelan los corruptos delincuentes con privilegios en el pasado. Después de un normal desfile militar de hace unos días, solamente queda el ataque mediático y la inconformidad de Alejandro Robledo y César Omar González, abogados de los cuatro militares acusados y detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero. Aunque todavía faltan más investigados y más detenidos por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, que debe incluir a otros mandos militares mayores, procuradores, gobernadores y funcionarios públicos, incluyendo al expresidente Peña, el avance de la administración actual de romper la intocabilidad de los mandos militares, no es cosa menor, como tampoco, el recuperar la dignidad del ejército con la creación de la Guardia Nacional como primeras acciones de este sexenio junto con el legislativo progresista, para evitar la ilegalidad de las acciones de seguridad en que actuaba el ejercito mexicano. Una Guardia Nacional con una estructura de mando civil y militar que al tener fecha de caducidad en lo que a la intervención del ejército se refiere, es a todas luces una acción de emergencia legalizada con fecha de finalización, aunque intente prudentemente prolongarse.Más en www.somoselespectador.blogspot.com