Después de que los partidos retrogradistas se ampararon en contra de La reforma al Poder Judicial y de que la Suprema Corte de la nación admitiera indebidamente el recurso cuando contra reformas constitucionales no procede amparo alguno, y de que diferentes jueces otorgaran suspensiones a la reforma incluyendo la resolución de una fulana de nombre Nancy Juárez salas que en su cargo de Juez incluso apercibió a la propia Presidente Claudia Sheinbaum de revocar la publicación de dicha reforma en el diario oficial con la amenaza del delito de desacato, es que ahora en la sesión resolutiva para la vigencia de la reforma, es que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó improcedentes formularon los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en contra de la modificación a las normas constitucionales que redactan nuevas observancias para el Poder Judicial de la Federación, y con ello la reforma lópezobradorista queda solventada no solamente por el poder legislativo y ejecutivo sino que en un hecho extraño, también con el visto bueno del poder judicial. La discusión centrada en el análisis de la procedencia de que los partidos políticos nacionales puedan presentar recursos de acciones de inconstitucionalidad para que el máximo tribunal del país analice la validez de normas establecidas a partir de reformas a la Constitución, terminó en una declaratoria de improcedencia por mayoría de votos y con ello los cambios constitucionales seguirán vigentes en todos sus términos. Entre una acalorada discusión de ministros se exhibió el locuaz proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que proponía invalidar la elección popular de jueces y magistrados, al tiempo que avalaba la elección de ministros y magistrados electorales con lo que se estampó por el suelo su supuesta sabiduría jurídica. El proyecto al final fue desestimado porque no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para declarar la invalidez de la reforma judicial, debido a que el ministro Alberto Pérez Dayán se sumó a las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz para declarar la improcedencia de las impugnaciones, bajo el argumento de que los partidos políticos no pueden impugnar cambios a la Constitución a través de acciones de inconstitucionalidad, lo que dejó imposibilitado el golpe de Estado judicial, planeado por el bloque conformado por Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ante tal situación ya no fue necesario entrar a las consideraciones de fondo que les convenía a los magistrados que intentaron conservar sus privilegios por medio de su servidumbre empresarial y que disfrazaban su golpeteo bajo la supuesta acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en contra de la aprobación de la reforma judicial, que por sí sola ya tenía vigencia aunque la SCJN hubiera dicho lo contrario. El ministro Alberto Pérez Dayán sorprendió con su voto en contra cuando parecía ser parte de la pandilla de Norma Piña, pero advirtió que invalidar la reforma judicial resultaba un acto judicial de insensatez, y argumentó: “Por más que me trate de convencer a mi mismo de lo contrario, resolver en sentido de lo que propone la propuesta, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, equivalente a forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de institucionalidad”, concluyó. Por otra parte, los trabajadores del poder judicial que irresponsablemente suspendieron sus actividades, para poner en crisis la administración de justicia que viene de un atraso de pandemia y un retraso natural de ineficiencia, se toparon con la frustración de frente, ya que sus derechos laborales no se verán afectados con esta reforma, pero se vieron burlados bajo los mismos engaños que los hicieron vestirse de rosa, defender ya tacar al INE y votar por el pripanismo en la candidatura de Xóchitl Gálvez, la representante más nefasta de todas las campañas electorales y con quien menos votos ha obtenido el PRI, el Pan y el desaparecido PRD en toda su historia, al igual de que se tragaron la idea de “el peligro para México”, la venezolanización del país, y hasta la clausura de la Basílica de Guadalupe bajo el terrible comunismo que vomita el clero. Con la aprobación de las reformas constitucionales lópezobradoristas por parte del legislativo federal y los locales, la continuidad y respaldo de la Presidente Sheinbaum como titular del ejecutivo y la indebida intromisión del poder judicial que terminó por aceptar su procedencia, es que el Plan C del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente llegó a su consolidación sino que aplanó cualquier marco opositor, empezando con las arrolladoras elecciones de hace unos meses, en que la Presidencia de la República estaba garantizada por el voto de la mayoría de los mexicanos, pero rebasó las expectativas los votos en favor de la mayoría calificada en el Congreso. El presidente del senado de la república que advertía un plan secreto para el caso de que la SCJN diera su golpe de estado judicializado, después de la resolución en favor de la reforma Constitucional, Gerardo Fernández Noroña, argumentó que los ministros evitaron el ridículo y aseveró: “Nuestro reconocimiento a Pérez Dayán, a nuestras tres compañeras: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres. Se han fajado del lado del pueblo. Pérez Dayán ha tomado una decisión de consciencia, dificilísima para él en el entorno del linchamiento, violencia, arrogancia que la Corte y ese sector de la derecha ”, declaró ante los medios de comunicación que han dado a conocer la derrota de manera muy discreta, cuando desde su aprobación en las cámaras legislativas, anunciaban que de darse las mismas sería la caída del Estado de derecho y la dictadura. Más en www.somoselespectador.blogspot.com