OCHO CONTRA TREINTA Y CINCO MILLONES

 

ALGUIEN TIENE QUE DECIRLO.-Los medios de comunicación corporativos, le han dado mucha cuerda a la  discusión y resolución que en horas tendrá que emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un proyecto tan despreciable como insignificante,  que busca invalidar de manera irrisoria, las   reformas constitucionales consumadas  y principalmente anular la elección por voto popular de jueces y magistrados, por  lo que seguramente los jefes de información,  mandarán  más corresponsales afuera del edificio de la SCJN que los que pudieron viajar a Estados Unidos con motivo de las elecciones presidenciales de aquel país. Fue el pasado  15 de septiembre del año en curso,  que en el Diario Oficial de la Federación  se dio  cuenta  de esta reforma al Poder Judicial por lo que  tal situación la convierte en ley suprema vigente. Aunque los nuevos doctrinarios al no entender la diferencia entre nulidad absoluta  e inexistencia,  se han pronunciado a señalar que las dos figuras son lo mismo, es que podemos  apuntar que  sin importar   la forma que se quiera llamar, resulta que la intervención judicial para atender la eliminación o no de una reforma  constitucional carece de validez, y bajo la vieja doctrina, diremos que es inexistente, por lo que la resolución del órgano jurisdiccional no será más que anecdótica y equivalente al berrinche del niño regañado que  se sube a su recámara sin  cenar aún sabedor que al día siguiente se sentará  a desayunar  en la  silla de la mesa que rechazó. Las barreras para lograr la exitosa reforma constitucional que se corona con el artículo 116 de la Carta magna, ya fueron superadas, con la mayoría cualificada en el congreso federal y la aprobación bajo el mismo condicionante, en la mayoría de los   congresos  locales por lo   que culminó con el decreto emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y  posteriormente  por el emitido por la Presidente Claudia Sheinbaum en cuanto  a la improcedencia del recurso de amparo ante una reforma constitucional que se plasmó en la propia constitución como reiteración de las jurisprudencias  ya existentes por parte de la propia corte y el artículo 61 fracción primera de la ley de la materia por lo que  sí tales impedimentos son  características de un régimen dictatorial, pues tal dictadura  no es a base de estas reformas como lo acusan los ignorantes del derecho que no tienen el estudio del aseguramiento democrático por la cual debe pasar una reforma constitucional para que sea consumada. Así que  el golpeteo judicial podrá seguir exhibiendo como mercaderes a sus detractores  y podrán realizar todo tipo de acciones extrajudiciales  para  presionar al INE que retrogradistas vestidos de rosa decían no se tocaba, y hoy dan la espalda ala legalidad con el fin de evitar la elección de nuevos juzgadores conforme a la constitución, pero al final, -salvo  una apuesta intervencionista de la que imploran-, los  jueces mexicanos tendrán que aceptar la democratización de lo que era una mafia negra  y que hoy resulta el  principio a cambios rotundos que urgen en nuestro derecho procesal mexicano destrozado por los  códigos nacionales  actuales  de procedimientos penales y civiles   y  la calidad  profesional de los diferentes órganos de impartición de justicia,  y ni que decir de la derogación de disposiciones que legalizan el abuso y la corrupción como lo es la ley notarial  que en la actualidad es tan perversa como la ley judicial que ya  fue  eliminada pero que quiere ser conservada por ocho ministros   que se ridiculizan ante la democracia representativa como producto de las pasadas elecciones  en donde los votantes  estaban informados del “plan C- lópezobradorista” y  que fue por lo que  desbordaron las urnas en su favor. No cabe duda que existen buenos jueces, pero en su gran mayoría se puede decir que aquellos núcleos familiares en donde uno de sus miembros es juez, debe ser probable que aquella familia duerma y cohabite con un ladrón. Más en www.somoselespectador.blogspot.com