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ALGUIEN TIENE QUE DECIRLO.- El direccionismo de la opinión no reflexiva que proyectan los medios conductistas, no propicia un público informado sino ignorantes participativos e imprudentes opinadores, como es el caso de los mensajes promulgados por los medios de comunicación que provocan frases de que México va a ser como un país de la zona geográfica de Sudamérica o que con las reformas al poder judicial, éste ha desaparecido. Qué hubiera pasado si la reforma constitucional en materia judicial que ha sido aprobada por la bancada progresista, hubiera consistido en otra, en donde para nombrar a los ministros de la suprema corte de justicia, se brindaba facultad al propio Presidente de la República para elegirlos, mediante el visto bueno del senado, pero que para el caso de que el senado pudiera rechazar la propuesta presidencial, entonces se mantendría lo que propusiera el Presidente, entonces de ser así, se desatarían criticas escandalosas que anunciarían la dictadura por una iniciativa de esta naturaleza, como la que se ejerce en otros países calificados de dictatoriales, de ser así se daría el grito en el cielo y se señalaría un presidencialismo absoluto, pero para sorpresa de los ignorantes esa decisión presidencial es tal cual como se realizaba no solamente en la práctica sino como estaba redactado el artículo 96 constitucional que ahora será afectado con la reforma judicial que fue aprobada el día de ayer. De igual forma ya se ha modificado en consecuencia, todo el órgano jurisdiccional derivado del nombramiento de ministros que hacía un efecto del influyentismo domino, que abarcaba jueces de diferente especie y hasta al parasitario personal judicial. La mayoría cualificada permitió de manera democrática la reforma judicial que no es la mejor modificación a la ley ni que tampoco soluciona del todo, la ineficacia de la impartición de justicia, pero que sí da un gran primer paso para desazolvar las capas mafiosas que hacían a los juzgadores cual personajes invisibles para la vista pública y sirvientes de las esferas de poder que daban libertad a delincuentes, impunidad a empresarios traficantes de influencias y autorización de leyes y tratados internacionales, evidentemente fuera del marco y espíritu de la constitución, por lo que se han construido marcos constitucionales en perjuicio del patrimonio e intereses de la nación. Sin ese tapón de excremento que resulta el poder judicial, podrá darse paso a otras reformas, contrareformas, recuperaciones y restructuraciones legales que son importantes para nuestra nación, y con ello poder reformar las leyes federales penales, civiles y laborales, así como regular el funcionamiento ministerial, policiaco y el atropello legalizado que al igual que el 96 constitucional aún guarda también la ley general de notarias y el abuso notarial. Mientras tanto la distorsión ética, dirá mediante los voceros del sistema y sus atrapa calcamentes, que ayer se abusó de la mayoría del congreso como si no fuera producto de la democracia por medio del voto, que se hizo uso de la negociación politiquera cuando es preferible a la violencia o al levantamiento civil inútil, y se dirá que los pandilleros que entraron violentamente al recinto legislativo pero que fueron burlados por la estrategia legislativa del lópezobradorismo, se trataba de pasantes y litigantes que tenían que ser escuchados como aquellas manifestaciones compuestas por destructores de patrimonios públicos, y por lo que se alega tolerancia pese a sus actitudes violentas e ilegales y para cuyos casos sí se aceptan los abrazos de quienes se burlan de la eliminación de las causas sociales que provocan efectos delincuenciales. Las reformas al poder judicial y la debilitación en forma principal de este artículo 96 al que hacemos referencia, es la cereza del pastel para el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas, logró su objetivo ideológico de terminar con el presidencialismo que gozaba de altos sueldos, que habitaba en gigantescas residencias y que viajaba en aviones únicos en su tipo, que rebasaba las facultades administrativas que limitan el 89 constitucional y que era capaz de cumplir caprichos y hasta efectivas censuras de aquellos comunicadores que hoy con plena libertad, disimulan no saber, que un abogado puede ser comunicador pero que un comunicador no puede ser abogado sin el conocimiento de causa para ello. Más en www.somoselespectador.blogspot.com
