La separación de poderes, tradicionalmente Ejecutivo, Legislativo y Judicial, está basada en la necesidad de que existan, contrapesos y equilibrios, un balance entre los distintos poderes de un estado para que, a través de los controles entre unos y otros, se garantice la igualdad de derechos inherente a una democracia mediante la distribución de responsabilidades y controles entre los distintos poderes. Sin embargo en nuestro país es clara la perversión de estos sectores en donde con menor fuerza que en el pasado, pero aún con influencia, El titular del ejecutivo federal controla al legislativo mediante el Partido en el poder y al judicial en su tráfico de influencias. Si a todo lo anterior le agregamos que el Presidente de la República es el jefe supremo de las fuerzas armadas, entonces debemos reconocer un esquema de absolutismo, que la vecindad de algunos países no lo registran porque en México existen diferentes medios de comunicación -aunque al servicio del sistema y por medio de monopolios- y porque cada tres y seis años hay elecciones, -aunque afectadas de vicios del consentimiento y otras nulidades-. De lo anterior, resulta fundada la desconfianza de que la Suprema Corte de Justicia pueda dar marcha atrás a la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Senado y los diputados y promulgada por el Presidente de la República para militarizar al país, pese a reacciones de algunas organizaciones internacionales de Derechos Humanos .
