PROTESTA A CIEGAS

 

La impartición de justicia se ha convertido en una cueva de empleados privilegiados que buscan acumular antigüedad para  alejarse de su labor a la cual no tienen vocación, y así  disfrutar de una jugosa jubilación para después   recordar sus supuestas hazañas como juzgadores cuando en realidad los ciudadanos saben que sinónimo de juez o  ministerio público  es ser  ladrón o corrupto, ante el disimulo de sus propios familiares, progenitores  o compañeras de alcoba, que en el fondo saben que esta situación tiene una alta probabilidad de ser cierta. El descuido  del derecho mexicano parte desde las escuelas  y universidades patito que regalan títulos en carreras  vigorizantes de un  máximo dos años, luego en el palanquismo  o falsedad de parentesco para llegar al órgano jurisdiccional, al igual que el ministerial, así como la ignorancia, torpeza y también corrupción de los legisladores para  realizar  leyes y reformas a las mismas,  que son ineficientes, en el mejor de los casos insuficientes  y en favor de las esferas de poder o alentando a su propia vanidad legislativa  sin la menor autocritica intelectual, de que no tienen preparación  alguna  en la materia o que son fomentadores de la justicia a pago. Los abogados y otros trabajadores en el campo del derecho, también tienen responsabilidad ante su distracción monetaria en vez de su atención social. La accesibilidad a la impartición de justicia cada vez es menor  por el raterismo, la búsqueda de confort y la burocracia. Así han transcurrido estos últimos años con un código nacional de procedimientos penales digno para el retrete, aunque la comunidad jurídica llena de ineptitud lo presuma con adornos  del  juicio previo y debido proceso, sin comprender la magnitud de la palabra "proceso penal acusatorio oral",  en que supuestamente protege al inocente para aportar pruebas sobre su inocencia  en vez de aportar pruebas para desvanecer su culpabilidad que  en sentido práctico resulta lo mismo salvo en la habladuría teórica. Y ni que decir de la presentación de demandas con previa cita virtual en diferentes entidades federativas, en donde la protección jurídica tiene como requisito que el demandante primero que nada tenga internet antes que urgencia de atención judicial. Las reformas que ahora se busca sean aprobadas, no atienden al fondo del problema judicial,  ni al ministerial, ni  las pifias  de las Fiscalías y de su  impartición de justicia o a buscar  la  rapidez de la atención judicial  tanto a nivel local como federal, pero sí resultan un primer paso para permitir  la efectividad de   una sacudida política para  la mafia  de negro que se resiste al progresismo,  a la violación  constitucional  y al cumplimiento de lo que miles de votantes  han aprobado  en las pasadas elecciones en donde a quienes ya  se les había advertido de esta iniciativa de ley, no sólo  brindaron el "carro completo"  para sus ejecutores sino un autobús repleto  y hasta con pasajeros colgando en sus puertas, para que tuvieran la mayoría para tal efecto. Es así como  se discuten la rompedura de candados de privilegios en donde  al igual que el desarme de abusos judiciales deberá venir  con urgencia, la atadura de manos  ladronzuelas de   los abusos  ministeriales, los secretariales y los notariales,  mediante  fórmulas jurídicas que puedan amueblar una habitación que está siendo limpiada  mediante las fórmulas políticas mayoritarias como resultado de una revolución presidencialista con los vicios  que arrastran los movimientos  afortunadamente pacíficos pero  que no son autoría total del pueblo, aunque  cuenten con su colaboración  bajo la herramienta más primitiva en la acción ciudadana que es el voto. Más en www.somoselespectador.blogspot.com